Los Ayuntamientos acumulan 20.000 millones en efectivo, el mayor saldo de su historia

Las corporaciones locales disparan sus depósitos en 9.000 millones desde la entrada en vigor de la ley de estabilidad presupuestaria

Los Ayuntamientos sumaron al cierre de 2016 unos 19.700 millones en depósitos, el mayor saldo de efectivo anotado en su historia. Este dato obedece a dos hechos: por un lado, el corsé que supone la ley de estabilidad, que les impide gastar. Y por otro, una gran capacidad recaudatoria y un sistema de financiación que les favorece sobre otras Administraciones. Según se desprende de un informe de la Autoridad Fiscal, parece contradictorio que la Seguridad Social tenga que recurrir a un préstamo de 10.000 millones mientras los municipios amasan liquidez.

Las corporaciones locales exhibieron a finales de 2016 unos 7.000 millones de superávit presupuestario. Llevan cinco años acumulando excedentes que según la ley tienen que destinar a amortizar deuda, inversiones sostenibles muy controladas por Hacienda o permanecer en depósitos. Y eso se ha traducido en que los municipios han alcanzado una cifra récord de efectivo: al cierre de 2016, acumularon 19.700 millones, unos 9.000 millones más que en 2011 según datos del Banco de España. Nunca antes habían arrojado una cifra semejante guardada en las entidades financieras. Solo se acercaron en pleno 2007, cuando los consistorios hacían caja como nunca con los ingresos de la burbuja inmobiliaria. Y entonces se tocaron los 18.000 millones. Pero a partir de ahí las cantidades se desplomaron hasta los 10.000 millones que se contabilizaron en 2011.

Semejante incremento desde finales de 2011 se explica por dos razones. De una parte, se corresponde con la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria aprobada en abril de 2012. Esta obligaba a las Administraciones a sanear las cuentas. Y los consistorios fueron la rama que más rápido se ajustó: pudieron aplicar tasas allá donde lo precisaron, tuvieron más facilidad para ajustar sus plantillas porque muchos no eran funcionarios y recortaron numerosos servicios que habían brindado fuera de sus competencias. Además, la ley de reforma local les limitó los salarios y la capacidad para contratar. Y en cuanto lograron suprimir el déficit, se les aplicó la regla de gasto, por la cual un órgano de la Administración nunca puede aumentar sus desembolsos más allá del crecimiento a medio plazo de la economía.

Por último, los poderes de los interventores se reforzaron para que pudiesen denunciar el incumplimiento de los municipios. De no hacerlo, con arreglo a la ley de transparencia, estos interventores estarían incurriendo en falsedad de datos públicos y se enfrentarían incluso a responsabilidades penales. El engranaje orquestado por Hacienda fue tal que ató en corto a los consistorios. “Yo entiendo que a uno lo nombran alcalde para gastar. Pero para eso estoy yo: que no he venido a gastar”, repite el ministro Montoro allá donde va.

Por otra parte, los Ayuntamientos han gozado de una mayor potencia recaudatoria que otras Administraciones. Incluso si con la crisis perdieron sus ingresos por suelo, consiguieron compensar ese desplome aumentando el IBI y otras figuras. El IBI es el único tributo que nunca ha visto reducidos sus ingresos: al estar asociado a una vivienda, el contribuyente tiene difícil escaparse. Y eso explica que incluso en medio de la crisis su recaudación se haya duplicado en una década hasta cerca de los 14.000 millones. La caja del impuesto de circulación también es más estable que otras rúbricas.

Además, como señala la Autoridad Fiscal, las entidades locales reciben unos 17.000 de la recaudación general, que supone algo más del 20% de sus ingresos.

El año pasado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó un informe en el que señalaba el contraste entre lo que ocurría en las corporaciones locales y la Seguridad Social. Respecto a los Ayuntamientos, la Airef indicaba que son un sector “muy saneado” y “con una amplia capacidad tributaria”.

“Por el contrario, la naturaleza de los gastos de la Seguridad Social depende en gran medida de factores demográficos, cuya modificación requiere consenso y un margen de tiempo para su aplicación. Y los ingresos están muy condicionados por el nivel de empleo y los salarios, pero además las cotizaciones determinan los costes laborales de las empresas. Estas características dificultan la adopción de medidas a corto”, concluía el informe comparando una administración con otra.